Publicado: Miércoles 14 de
diciembre, 2011
Fuente:
BN Américas
La minería ilegal en Perú debe ser evaluada a fondo
para romper la cadena de valor y poner fin a la actividad, dijo a BNamericas el
consultor de temas mineros internacionales Leopoldo Monzón.
La erradicación de las labores extractivas ilegales es
una prioridad del gobierno y el Congreso se encuentra debatiendo un proyecto de
ley para implementar una nueva normativa destinada a combatir esta actividad.
El experto sostuvo que un grupo de mineros ilegales
causa más destrozos y daños al territorio que todas las operaciones formales
juntas.
Sin embargo, la simple erradicación de estos
operadores no es la solución, puesto que es necesario detectar a sus
proveedores de combustible, agua y herramientas.
La mayoría de los mineros ilegales preferiría trabajar
cumpliendo las leyes porque sus costos son mucho más altos que lo normal, de
acuerdo con el consultor.
También sostuvo que las mafias se aprovechan de ellos
y les venden productos a un precio tres veces mayor que el que pagan los
mineros formales. Tampoco pueden pedir devolución de impuestos.
OBSTÁCULOS
Sin embargo, incluso si los mineros ilegales desearan
formalizar sus actividades, hay una serie de barreras y consecuencias sociales,
a juicio del experto.
Los mineros ilegales toman el control de estas áreas y
se instalan con sus familias, por lo que es muy complicado trasladar a todas
ellas e incluso es más difícil desplazar todos los poblados de estas zonas,
señaló Monzón.
La minería informal se ha estado extendiendo por todo
el país, en regiones como Piura, La Libertad, Ica y Puno, pero es más marcada
en Madre de Dios.
Esta es una de las áreas más perjudicadas, según
Monzón, quien agregó que no hay que olvidar que esta región es muy importante
para la economía del país y que el daño ambiental en ella es enorme.
Madre de Dios produce una parte importante de las
frutas y verduras de Perú y también alberga el triángulo de biodiversidad más importante
del mundo.
Alrededor de un 10% del oro peruano proviene de esta
región, pero casi su totalidad se extrae de manera ilegal.
Pese a los esfuerzos del gobierno por enfrentar el
problema, a Monzón le preocupa la efectividad del proyecto de ley que se debate
en el Congreso, ya que a pesar de que cree que ayudará, no prevé que tendrá el
gran éxito que algunos esperan.
Sus dudas tienen que ver con los diversos intentos
realizados por el gobierno en el pasado sin resultados positivos.
Además de provocar contaminación ambiental, la minería
informal cuesta al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales millones de
soles en impuestos impagos.
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