Publicada: Martes 10, Abril 2012
La junta de acreedores de Doe Run Perú decidirá esta semana la
liquidación de la empresa o su reestructuración con otro operador, dijo a
BNamericas el experto en temas mineros Leopoldo Monzón.
Los acreedores tienen una reunión el 12 de abril para definir el
futuro de la compañía con sede en Lima y su planta metalúrgica de La Oroya.
"Doe Run Perú no va a cambiar su posición con respecto a los
requerimientos que le están imponiendo al Estado peruano, que a su vez es
figura central en la resolución del conflicto, por eso creo que la empresa
debería declararse insolvente", explicó Monzón.
En enero, la junta de acreedores de la compañía decidió
reestructurarla y no liquidarla, por lo que se dejó la administración de La
Oroya en manos de Doe Run Perú, a la que se le concedieron 60 días para
presentar un plan de reestructuración que incluyera un compromiso para
completar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Para reactivar las operaciones, Doe Run Perú necesita que el
Congreso postergue el plazo para finalizar el PAMA. Sin embargo, el 23 de
marzo, los legisladores archivaron el proyecto de ley que proponía dicha
extensión.
PROBLEMAS JURÍDICOS
En abril del año pasado, el grupo con sede en Nueva York Renco -a
la cual Doe Run Perú está afiliada-interpuso una demanda ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del
Banco Mundial por una indemnización de US$800mn contra el Gobierno peruano.
Renco argumenta que bajo el acuerdo de privatización de 1997 sobre
la fundición, el Estado se responsabiliza por los pasivos ambientales antes de
la venta.
El grupo afirma además que el gobierno incumplió partes del tratado
de libre comercio entre EEUU y Perú, y que no está respetando el acuerdo de
privatización al no comparecer en demandas presentadas contra Renco en un
tribunal estadounidense.
La compañía también sostiene que el gobierno ha sido
discriminatorio con Doe Run Perú respecto del término de los trabajos del PAMA.
"Doe Run Perú debe eliminar la demanda contra el Estado
Peruano en las cortes internacionales y hacer una oferta seria y realista a los
acreedores y finalmente proponerse terminar el PAMA de inmediato", explicó
Monzón.
Doe Run Perú está incurriendo en un grave error al insistir que el
Estado peruano debe asumir las obligaciones de pago comprendidas en el PAMA,
que es de exclusiva responsabilidad de la compañía, de acuerdo con el ministro
del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, citado por la agencia estatal de noticias
Andina.
El ministro también indicó que la empresa pretende impugnar el
papel del Estado como acreedor. El gobierno tiene un poco más de un 30% de las
acreencias, lo que lo convierte en socio con capacidad de decisión en la junta
de acreedores.
La Oroya producía 11 metales y los principales eran cobre, zinc,
plomo y plata.
La planta -construida en 1922 por Cerro de Pasco y adquirida en
1997 por Doe Run, con sede en St. Louis (EEUU) en el proceso de privatización-
es conocida por los graves problemas de contaminación por plomo que ha causado
en los alrededores de La Oroya.
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