Viernes 27 de enero del 2012
Fuente: BNAméricas
Cuando el Estado de China comenzó a invertir en Perú
en la década de los noventa se cometieron errores como no gastar suficiente en
infraestructura y no ganarse el apoyo de las comunidades locales, dijo a
BNamericas el consultor en temas mineros internacionales Leopoldo Monzón. "Cuando
llegaron a Perú hace como 20 años cometieron el error de gastar poco en
infraestructura y básicamente ignoraron a las comunidades, y esa es una de las
razones por las que fallaron: no tenían un plan", señaló.
Entre las inversiones chinas en Perú figura Shougang
Hierro Perú y los proyectos cupríferos Río Blanco de Zijin Mining Group y
Toromocho de Chinalco. Shougang fue el primer inversionista chino en llegar al
país con las privatizaciones de la década de los noventa.
"En estos días la mayoría de los inversores
chinos son compañías privadas, y cambiaron la forma en que eran vistos por los
peruanos en general. Ahora saben que si quieren invertir en grande en el sector
minero de este país, tienen que traer consigo un plan de desarrollo para las
comunidades cercanas a estos proyectos, y tienen que invertir fuerte en las
áreas que los anteriores inversores ignoraron", agregó Monzón.
La inversión privada de China llegó ya hace 12 años y
la estrategia era totalmente distinta a la del Estado.
Ahora los inversionistas buscan trabajar con las
comunidades y ven su inversión como una manera social de ganar aceptación,
sostuvo.
No obstante, los obstáculos persisten.
"A pesar de que cambiaron su actitud sobre la
inversión aquí, todavía tienen problemas con las comunidades. Primero que nada
porque eligen desarrollar la minería en áreas donde las comunidades no son
mineras, y están teniendo un problema bárbaro en lograr que esta gente los
acepte", explicó Monzón.
"Algunos de los proyectos -como el de Río Blanco-
están localizados en áreas agropecuarias donde la gente no quiere saber nada de
minería".
Río Blanco, en la norteña Región Piura, es uno de
muchos proyectos que se ha estancado por la oposición local.
"Río Blanco está detenida porque la empresa no
puede conseguir una licencia social para poder operar. Obtener esa licencia
tiene mucho que ver con la forma en que las comunidades ven estos
proyectos", comentó Monzón.
La Ley de Consulta Previa del
país resolverá definitivamente este problema porque impulsará a las mineras a
explicar de mejor manera sus proyectos a las comunidades, de acuerdo con el
experto.
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