Estado, comunidad y empresa

El desarrollo de proyectos extractores de recursos no renovables actualmente presenta nuevos retos, estando entre los más importantes el manejo social y el ambiental. Por ello es indispensable una nueva relación Estado-comunidad-empres, donde cada uno debe aportar algo: las comunidades deben aprender a creer en el Estado y en las empresas;  el Estado, a no poner trabas y permitir hacer planes de desarrollo, ingeniería para la factibilidad de los proyectos, programas de inclusión pro-ductiva y monitoreo ambiental continuo utilizando una parte de los recursos del canos; los empresarios, a sentirse socios con las comunidades, cambiar actitudes arrogantes y facilitar herramientas y recursos que ayuden a vencer la pobreza.

Para que la población vuelva a creer se deberán dar muestras claras. Primero deberá existir una sola entidad responsable del medio ambiente con todos los recursos de información y económicos para hacer monitoreo independiente continuo de los recursos hídricos, aire, suelos, etc.; segundo, se deberán conocer los planes con respecto a su territorio, tener claro en el tiempo los beneficios que obtendrán en caso de hacerse realidad los proyectos y cómo ellos pueden ser el motor para salir de la pobreza.

Una vez conocidas las ventajas tangibles de los mismos y las comunidades entiendan y aprueben estos planes, el Gobierno deberá garantizar y asegurar la marcha de ellos, flexibilizando el uso del canon y nombrando funcionarios en cada localidad que prevengan cuando algunos de los planes no se ejecuten correctamente.

Las empresas deben entender que sus representantes deben tener contacto continuo con las comunidades, apoyar aclarando algún tema referente al desarrollo social y ambiental en las poblaciones, reformular planes e ingeniería para los proyectos de infraestructura y productivos, así como presentar la información mensual de los impactos y su remediación.  Logrado esto, los proyectos extractores de recursos naturales no renovables se convertirán en el motor que cambien la economía  nacional asegurándonos la inversión de US$50 mil millones de los próximos años, los mismos que deberán servir para ampliar la frontera agrícola por lo menos 8 millones de hectáreas, reforestación y forestación en áreas de concesiones mineras y petroleras no exploradas ni explotadas en 9 millones de hectáreas, y en el desarrollo de infraestructura y programas de inclusión productiva en las regiones más pobres del país.